RESPUESTA A EVO | Chile niega torturas a ciudadanos bolivianos en su territorio
EFE
El Gobierno de Chile calificó este lunes de infundadas las acusaciones por parte de La Paz de que los bolivianos detenidos en ese país son torturados y afirmó que «nada nos sorprende».
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, dijo a los periodistas que «casi nada nos sorprende de lo que dice el Gobierno boliviano».
«Son nuevas acusaciones infundadas que carecen de credibilidad y que no merecen más respuestas», enfatizó el jefe de la diplomacia chilena.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que presentará este miércoles una denuncia ante la OEA por «torturas y hostigación» por parte del Estado chileno contra los nueve ciudadanos bolivianos que fueron detenidos en Alto Hospicio, en el norte de la nación austral.
Morales explicó que en el recurso se detallará la «injusta detención, no otorgación de visas, expulsión y veto a periodistas; y discriminación racial a madres de detenidos».
El canciller Muñoz negó las acusaciones de tortura y afirmó que «Chile es un Estado de Derecho con garantías para todos los procesados y todos los detenidos, y eso lo sabe todo el mundo, si no fuese así, habría un verdadero escándalo internacional», enfatizó.
El ministro explicó que tras la detención de los ciudadanos bolivianos, ellos mismos relataron a la Defensoría Penal Pública -que los representó inicialmente- que no tenían lesiones producto del trato policial.
Los nueve bolivianos fueron detenidos por agentes de Carabineros el 19 de marzo cuando, según las autoridades del país austral, se encontraban en territorio chileno e iban a robar camiones con mercancías.
El Gobierno boliviano, en cambio, afirma que los militares y los funcionarios de aduanas estaban en su territorio luchando contra el contrabando que pasa de Chile a Bolivia.
La Fiscalía chilena acusó a los detenidos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando, por lo que un juzgado chileno decretó prisión preventiva, un período que debe durar 120 días mientras avanza la investigación.
El episodio ha provocado un nuevo rifirrafe diplomático entre los gobiernos de ambos países, con acusaciones cruzadas.
