Rajoy tomará el control de Cataluña para cesar al Govern y convocar elecciones - 800Noticias
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Agencias

El Gobierno ya ha decidido y aprobado cómo intervenir Cataluña con la aplicación de la versión más dura del artículo 155 de la Constitución. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado las líneas generales de esa intervención tras el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, que tienen que ser ratificadas por el Senado el próximo viernes.

«La facultad de disolver el Parlament pasa al presidente del Gobierno. El presidente tendrá que convocar elecciones en un máximo de seis meses, pero mi voluntad es que sea tan pronto como recuperemos la normalidad. Esto es el objetivo, lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común y se trata de abrir una nueva etapa en la que la ley se respete y se recupere la convivencia», ha explicado Rajoy.

El presidente, quien asume las facultades para convocar elecciones en Cataluña, ha afirmado, para esto, que se destituirá «al president, el vicepresidente y los consejeros del Govern».

«Celebrar elecciones es el objetivo que quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común: abrir una nuva etapa en la que los derechos de la gente se recuperen. La idea será que los ministerios asuman esta responsabilidad en esta situacion excepcional, y la administración de la Generalidad continuará funcionando como administración ordinaria», ha proseguido Rajoy: «El presidente del Parlament no puede proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni la celebración de investidura. No se suspende la autonomia ni el autogobierno, se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Constitución y del Estatut».

En cuanto a los medios de comunicación públicos, «las funciones que antes tenían la Generalitat pasa a tenerlas los nuevos gestores».

«El único temor que se puede tener en una situación como esta», ha proseguido Rajoy, «es no cumplir con lo que es tu obligación. No es propio del mundo en que vivimos. Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años de vida política, pero no elegí a mi interlocutor. A mi interlocutor lo eligieron otros y ellos tendrán que explicar por qué lo hicieron».

«En pocas horas se liquidó la Constitución española en Cataluña, el Estatut, se aprobó la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Todo esto fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se celebró el referéndum suspendido y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10 de octubre», ha explicado Rajoy: «El Gobierno requirió si habían o no declarado la independencia ese día 10 de octubre».

«El Gobierno tuvo muchas oportunidades de hacerlo, pero preferimos actuar con prudencia, esperando una rectificación que no se produjo. No respondieron en plazo ni en tiempo», ha proseguido el presidente del Ejecutivo: «No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron; tengo la convicción de que querían que se aplicase el 155».

Rajoy también ha querido hablar del diálogo: «Es una palabra que se ha convertido en mágica. La Generalitat no ha planteado un diálogo, sino una imposición: que el Gobierno hiciera algo que no podía hacer. El diálogo no es que los demás tengan que aceptar tus exigencias. El diálogo fuera de la ley y la norma es antidemocrático, y no es diálogo pretender imponer a los gobernantes que se salten la ley».

«Por todo ello», ha proseguido Rajoy, «el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era nuestro deseo. Es un artículo constitucional que sólo se aplica en circunstancias excepcionales. Ningún Gobierno puede aceptar que se ignore la ley, se viole la ley imponiendo sus criterios a los demás».

¿Cuáles son los objetivos, según Rajoy? «Volver a la legalidad; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica que hoy en Catalunya está en evidente peligro; y celebrar elecciones en situación de normalidad».

Objetivos iniciales

Los tres objetivos esbozados inicialmente a la hora de aplicar este mecanismo constitucional definidos por el Gobierno eran «asegurar la neutralidad institucional: las instituciones de la Generalitat están al servicio de los secesionistas en lugar de todos los catalanes; garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda; y preservar los derechos de los catalanes».

El Gobierno y el PSOE han estado trabajando para tratar de rebajar el impacto de la primera intervención de una comunidad autónoma por parte del Ejecutivo central que han   pactado como respuesta al desafío independentista del Govern de Carles Puigdemont. Tanto Moncloa como los socialistas han coincidido en el mensaje de que «el artículo 155 de la Constitución no es para suspender la autonomía sino para devolverla a su legalidad». «Muy, muy, limitada», «breve», «quirúrgica» son algunos de los adjetivos que utilizan para definir la intervención en Catalunya en la que han trabajado codo con codo Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y que han cerrado en sus aspectos más técnicos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra Carmen Calvo.

«El artículo 155 de la Constitución no supone suspender la autonomía de Catalunya, sino que es un medio complementario de los medios de control ordinarios que fijó la Constitución», aseguró el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en su intento por explicar la fórmula por la que se va a despojar a la autonomía catalana de determinadas competencias.

«No queremos que se toquen las leyes, sino que Cataluña siga sintiéndose cómoda en su autogobierno», dijo en esa misma línea Calvo. Gobierno y PSOE han insistido en que recurrir al precepto constitucional que nunca antes se había activado se limita a recuperar la «legalidad y la normalidad» en Catalunya. Por eso los socialistas enfatizan que su colaboración con el Gobierno ha servido para suavizar las intenciones iniciales del Gobierno en determinadas decisiones. Así, se anotan el tanto de  haber conseguido que Rajoy se comprometa a la celebración de elecciones en enero, un plazo que en Ferraz ven muy razonable.

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