Policías de Vargas asesinan a barbero, lanzan su cadáver a un barranco y su moto al mar | 800Noticias
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Nota de prensa MP

El Ministerio Público acusó a los funcionarios de la Policía del estado Vargas Robert Moisés Arévalo, Luiyin José Rodríguez y Euclides Federico Tovar, por su presunta responsabilidad en la muerte del barbero Johan Manuel González, hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre en la avenida La Armada de la parroquia Catia La Mar, en el estado Vargas.

Las fiscales 39ª nacional y 10ª de la referida jurisdicción, Adriana Valdez y Jerimar Agüero, respectivamente, acusaron a los tres hombres como coautores en el delito de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil.

Arévalo también fue acusado por el delito de uso indebido de arma orgánica.

Tales tipos penales están previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2º de Control de Vargas, las fiscales del caso solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los funcionarios y que se mantenga la medida privativa de libertad para estos. Arévalo, Rodríguez y Tovar permanecen recluidos en el Centro Penitenciario Metropolitano Yare III, ubicado en el estado Miranda.

En horas de la mañana del citado día, González transitaba en su moto marca Keeway modelo Horse por el boulevard La Zorra de la avenida La Armada, cuando los mencionados funcionarios, quienes se encontraban en una alcabala, le pidieron que se detuviera.

Posteriormente, el barbero fue detenido y uno de los efectivos le habría  disparado causándole la muerte. La víctima fue trasladada en una camioneta particular marca Jeep hasta la carretera principal de Chichiriviche, donde fue lanzada por un barranco de la parroquia Carayaca.

De igual manera, la moto del hombre fue llevada hasta el muelle del sector La Zorra y arrojada al mar.

En este sentido, tras la denuncia interpuesta por la esposa de la víctima, el Ministerio Público inició una investigación, la cual condujo a la aprehensión de los policías el 20 de septiembre por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

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