La acción implacable de la Justicia causa un terremoto político en Perú - 800Noticias
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EFE

La acción implacable que ha mostrado, hasta el momento, la Justicia de Perú en la investigación de las denuncias por corrupción vinculadas con el caso Lava Jato en el país ha desencadenado un terremoto en la política peruana.

El proceso que llevan adelante un grupo de fiscales y jueces ha golpeado a todo el espectro político del país, desde la derecha al centro y la izquierda, ya que, según las pesquisas, ninguno fue ajeno a la trama corrupta de empresas que tuvieron como su cabeza más visible a la constructora brasileña Odebrecht.

En todo ese entramado están implicadas otras firmas, como la también brasileña OAS, y constructoras peruanas vinculados a un oscuro «club de la construcción» que participaba en sobornos y prebendas para hacerse con grandes obras públicas en el país.

Que no hubo sector impoluto ni ideología que escapara al influjo de la corrupción se confirmó está semana cuando la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán fue enviada a prisión preventiva durante 18 meses mientras se le investiga por presuntamente haber recibido dinero ilegal de Odebrecht y OAS.

La exalcaldesa, de 69 años, está imputada por asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos por presuntamente recibir tres millones de dólares de Odebrecht y otros tres millones de OAS para financiar la campaña contra el intento de revocarla en 2013, a pesar de que esas constructoras tenían contratos suscritos o por firmar con la municipalidad de Lima.

Por el caso Odebrecht, que ha admitido que entregó sobornos en doce países de Latinoamérica, en Perú también están imputados el expresidente derechista Alejandro Toledo (2001-2006), el nacionalista Ollanta Humala (2011-2016) y el conservador Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Mientras espera la respuesta de la Justicia de Estados Unidos al pedido de extraditar a Toledo, la Fiscalía pidió la semana pasada que se abra juicio oral contra Humala y su esposa Nadine Heredia, para quienes ha pedido 20 años y 26 años y medio de prisión, respectivamente.

Por el caso Odebrecht también era investigado el expresidente Alan García, pero el 17 de abril pasado se suicidó cuando iba a ser detenido por los presuntos sobornos recibidos para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

En paralelo a los millonarios sobornos para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, Odebrecht también admitió que financió las campañas electorales de los principales líderes políticos hasta en, al menos, dos oportunidades.

Por ese motivo, la líder opositora Keiko Fujimori cumple desde fines de octubre pasado 36 meses de prisión preventiva en la misma cárcel de Lima en la que ha sido recluida Villarán, por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Este escenario de crisis llevó al analista político Alberto Adrianzén a considerar que en su país «una época ha llegado a su fin y con ello también una elite política que dominó el escenario nacional desde 1980».

«Solo hay que mirar lo que ha ocurrido con los presidentes desde 2001 a la fecha para tomar plena conciencia de este desastre. Presidentes fugados, presos o suicidas», señaló Adrianzén en el diario La República.

El analista remarcó que esta situación crítica que compromete tanto a la izquierda como a la derecha también implica a «una elite empresarial» que, según consideró, «hizo riqueza corruptamente».

Precisamente, para intentar sumarse al accionar punitivo de la Justicia, que está aplicando las leyes penales sin distinción de color político ni jerarquía, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha planteado una serie de reformas políticas que, en principio, se han encontrado con la reticencia del Congreso, que domina el fujimorismo.

En ese sentido, el sociólogo e historiador Sinesio López consideró que «las grandes reformas» de la política peruana se están produciendo, en realidad, a partir de la movilización ciudadana, y que el accionar de algunos fiscales y jueces han permitido que la Judicatura se transforme «en un laboratorio de profundos cambios» en el país.

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