INFORME | «En 2018 el mundo supo sobre la gran corrupción en Venezuela»
Nota de prensa
En Venezuela no existe un sector que esté libre de los hilos de la corrupción. Sus redes se han extendido a la banca y a empresas en otros países para perpetrar el robo más grande de la historia, que hasta ahora alcanza los US$ 13.199 millones, según procesos judiciales adelantadas por fiscalías y tribunales de varias naciones, que fueron recopilados por Transparencia Venezuela.
Las altas sumas de dinero y el perfil de los funcionarios involucrados, así como la complejidad del entramado, impulsó el seguimiento de estos expedientes por parte de Transparencia Venezuela, lo que permitió identificar al menos 15 casos contra 70 corruptos venezolanos, que han tejido relaciones personales y empresariales en Europa y América para apropiarse de los fondos de las arcas del Estado.
Se trata de casos que se enmarcan en el concepto de Gran Corrupción, caracterizado por la participación de funcionarios de alto nivel en irregularidades graves, causando daño a toda la población, con vínculos internacionales y amparados en la más absoluta impunidad.
En el mundo se evidenció la magnitud de estos desfalcos que no han dejado de ser noticia. La mayoría son recopilados en el capítulo del Informe de Corrupción 2018, presentado en la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela, denominado Una historia con impacto internacional. Se trata de expedientes abiertos en países como España, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Argentina y el Principado de Andorra.
Estas naciones profundizan las investigaciones mientras la justicia venezolana sigue guardando silencio. La mayoría de los casos son adelantados en Estados Unidos y España, países donde también se han incautado millonarios bienes a los implicados.
Entre los negocios están la llamada Operación Money Flight, un desfalco en Pdvsa de US$ 1.200 millones; los US$ 2.400 millones que habría sustraído el ex tesorero de la nación Alejandro Andrade y otros cómplices; los US$ 4.200 millones en sobornos blanqueados por el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos y sus cómplices; hasta el conocido caso de “El maletín”, con recursos comprometidos que totalizan US$ 4,2 millones, monto que pareciera palidecer frente a la magnitud sustraída en otros hechos.
José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional y ex procurador especial del caso Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú, ofrece en el Informe de Corrupción 2018 una reflexión titulada La gran corrupción en Venezuela y su impacto en la región latinoamericana, que es un contundente análisis sobre el alcance de las corruptelas perpetradas en nuestro país.
La corrupción que camina más allá de América Latina
En el Informe de Corrupción 2018 se presenta el impacto del desvío de fondos de la nación en áreas y niveles que van desde crímenes en las fronteras hasta la destrucción del aparato productivo, mediante el control abusivo, ilícitos e irregularidades perpetradas a través de las empresas propiedad del Estado.
En 2018 el Estado era dueño de 576 empresas, 441 creadas o estatizadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con un desempeño 100% negativo.
En otro capítulo denominado Del maletín a la embajada paralela también se analiza el papel de Venezuela en el caso Los Cuadernos de Argentina, una investigación realizada en ese país que ha llevado a prisión a ex ministros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En las pesquisas salieron a relucir casos de sobreprecios, empresas intermediarias, asignación de contratos y sobornos, bajo el amparo de la estrecha relación entre el ex presidente Hugo Chávez y los Kirchner, apoyados en un complejo entramado, y dirigidos por una operación desde la llamada “Embajada paralela de Argentina en Caracas”.
En 2018 la lista de sancionados por Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros países, creció hasta llegar a 108 personas entre funcionarios, ex funcionarios y unos pocos relacionados. Se trata de una historia, reflejada en este informe con el título Socavar la democracia es delito, que analiza el castigo a quienes atentan contra el Estado de Derecho a través de la violación de derechos humanos, corrupción, represión, narcotráfico, que deben someterse a inmovilización de sus activos, prohibición de transacciones, restricción de admisión en esos países y prohibición de prestar servicios.
Hay un capítulo dedicado a la actividad del crimen organizado en la frontera titulado Los límites de la violencia. Fronteras de Venezuela, otro en el cual se actualiza el caso Odebrecht, seguimiento cuya data ha merecido ser incorporada a este reporte, así como un análisis de cómo el Consejo Nacional Electoral (CNE) cercó la posibilidad de una salida pacífica en 2018 con las elecciones fraudulentas del 20 de mayo.
El Patrón de la Gran Corrupción
En los casos presentes en el informe se constata la opacidad, monopolio y captura del Estado, la discrecionalidad y otros elementos que configuran lo que hemos denominado un Patrón de Gran Corrupción que se ha profundizado en Venezuela desde el año 2003.
Se trata de decisiones y políticas públicas aplicadas en forma sistematizada y generalizada, con la complicidad del sistema de justicia que garantiza la impunidad. El análisis de este esquema se encuentra en el capítulo La corrupción mata.
Los decretos de emergencia, dictados de manera inconstitucional y constante en 2018, son objeto de revisión en el informe por su impacto en la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, bajo el título La excepción como regla: Decretos de emergencia. También el presupuesto nacional, que alcanzó un nivel de secretismo extremo a la hora de su formulación y aprobación, además del manejo discrecional de los créditos adicionales, que ya ni siquiera se publican en su totalidad en las gacetas oficiales.
También se incluyen en el informe datos y cifras que evidencian cómo la Contraloría General de la República (CGR) sigue sin ejercer sus atribuciones de control, a costa de la destrucción institucional del país.
Hay un capítulo denominado Insistir y Resistir, dedicado a la Asamblea Nacional, como reducto institucional en 2018, pese al hostigamiento y el desconocimiento sistemático de su legitimidad como órgano del poder público.
