DÍA CLAVE | Mercosur podría suspender a Venezuela por no acatar normativa interna | 800Noticias
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Con infoirmación de El Universal

Desde que en noviembre de 2015 el presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, anticipó que en la Cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur) -que iba a realizarse en diciembre de ese año-, solicitaría la aplicación de la cláusula democrática contra Venezuela, se sembró la semilla de lo que posteriormente desencadenaría una “crisis” en el bloque regional.

Casi a mediados de 2016, la situación de crisis generalizada que registraba Venezuela, comenzó a ser tema de preocupación y análisis entre algunos de los países miembros, a tal punto que (en el marco del protocolo de Ushuaia) Paraguay pidió a las autoridades de Uruguay la convocatoria de una reunión de cancilleres del Mercosur para analizar la situación.

Para ese entonces, mayo, Uruguay ocupaba la presidencia temporal del bloque sudamericano integrado además de Venezuela por Argentina y Brasil.

Pocos días después el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, no descartó que se prorrogara, más allá de los seis meses de rigor, el mandato de Uruguay en la presidencia pro témpore de Mercosur. Ya en este punto la diatriba comenzó a “calentarse”, y las declaraciones enfrentadas entre Paraguay y Venezuela tomaron el orden del día. No pasaría mucho tiempo cuando Argentina y Brasil anexarían sus posiciones críticas, siendo Uruguay el país que se mostraría más cauto.

Fue así como el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo  en junio que “lo jurídico” sería entregar la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela”, ya que “lo político sería no dársela a Venezuela”.

Prácticamente en el término del mandato de Uruguay en la presidencia rotativa de Mercosur, su cancillería envió a los otros Estados miembros una nota oficial confirmando que el 30 de julio terminaba su responsabilidad en ese cargo, pero sin nombrar el traspaso a Venezuela.

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, enfatizó en ese momento que en consecuencia “no hay traspaso de la presidencia” a Venezuela, quedando “vacante” el puesto.

Sin embargo, el 30 de julio la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó al resto de los países miembros que su país asumía la presidencia pro témpore de la organización regional, una vez que Uruguay anunció que finalizó la suya, “con fundamento en el artículo 12 del tratado de Asunción y en correspondencia con el artículo 5 del Protocolo Ouro Preto”.

El mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,  se pronunció y aseguró  que Venezuela ejercerá “plenamente” la presidencia temporal del bloque, acusando a los Gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay de “perseguir a Venezuela” en una “triple alianza” contra el país.

Paraguay, Argentina y Brasil reaccionaron de inmediato señalando cada uno por su lado que esa posición de Venezuela era inaceptable ya que “ningún país” puede asumir la presidencia pro témpore del Mercosur si no se hace con un “traspaso” en una reunión oficial. El canciller Loizaga calificó esa decisión como una “autoproclamación unilateral y de facto”, argumentando que no tiene validez ya que el traspaso de la presidencia debe hacerse por consenso y en el marco de la tradicional Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se convoca cada seis meses.

Ante la incertidumbre que se planteó sobre la conducción del Mercosur, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, señaló que “hay un vacío jurídico” al respecto, agregando por otro lado que “no está previsto en ninguna parte” una conducción colegiada del Mercosur.

Adicionalmente, para septiembre Eladio Loizaga destacó que Venezuela no había incorporado a su legislación interna las normas del bloque, así como tampoco ratificó el tratado de Asunción sobre derechos humanos.

Según la normativa de Mercosur, los países adherentes poseen un plazo máximo de cuatro años para incorporar a su ordenamiento jurídico interno las normas del bloque y Venezuela es miembro pleno desde 2012.

El 13 de septiembre los cuatro miembros fundadores de Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acordaron ejercer en conjunto la presidencia del bloque este semestre, lo cual anulaba -para ellos- la decisión de Venezuela de asumir ese cargo.

El comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que también los cuatro Estados fundadores emplazaban a Venezuela a que acelerara la ratificación de los acuerdos del bloque, pues de otro modo podría ser “suspendida” el 1 de diciembre próximo.

La canciller venezolana rechazó ese pronunciamiento, expresando que dicha declaración “vulnera la legalidad de la organización” y pretende destruir el Mercosur “mediante artimañas antijurídicas, que es reflejo de la intolerancia política y desesperación de burócratas”.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó dicha medida y expresó que tal acción respalda los derechos y principios democráticos.

A través de un nuevo comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela publicó el rechazó a esta posición, resaltando que Brasil y Argentina “persisten en su acción para implosionar y destruir el Mercosur”, además de exigirles que se ajusten a los tratados fundacionales del organismo.

En octubre hubo una iniciativa de parte de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para discutir si se aplicaba la cláusula democrática a Venezuela. Este propósito fue suspendido cuando a finales de mes se conoció el inicio del diálogo entre el Ejecutivo venezolano y la oposición.

Sin embargo, siempre aclararon que se mantendrían atentos al desarrollo de la mesa de diálogo.

Al acercarse la fecha término del plazo concedido, a mediados de noviembre tanto Uruguay, como Paraguay advirtieron que a partir del 1 de diciembre Venezuela estará suspendida y “sin voz” en el Mercosur y que continuará en estas condiciones hasta que ratifique los compromisos que tiene que cumplir como “Estado asociado”.

El canciller de Paraguay criticó que Venezuela había señalado que no podría incorporar 112 resoluciones de Mercosur porque –justificó- interfieren con su legislación interna. “Eso no puede ser motivo para que no lo incorporen, porque cuando uno ingresa a un convenio o acuerdo internacional y tendrá algún tipo de colisión con su legislación interna, se hacen reservas, y Venezuela no ha hecho reservas en esto”, aseveró Loizaga.

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