DENUNCIA| Jefe de alguaciles del Circuito Judicial del Táchira extorsiona a familiares de detenidos | 800Noticias
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El jefe de los alguaciles del Circuito Judicial del Táchira, Ever Beltrán, “está haciendo su agosto con los procesos que se le siguen a los jóvenes tachirenses que por manifestar su descontento contra este régimen represor han sido detenidos injustamente”, denunció el diputado a la Asamblea Nacional, Franklin Duarte.

Explica Duarte que a seis jóvenes de Rubio se les acordó una medida cautelar, para lo cual les exigen la presentación de 3 fiadores con un ingreso de 300 Unidades Tributarias y otros documentos, requisitos que fueron presentados y consignados ante la juez del Tribunal Segundo de Control que dio por aprobada la medida, y como es natural emite un oficio para verificar las direcciones de los fiadores, tal como lo exige el proceso, “pero a partir de allí las penurias para los familiares es cuando comienza”.

— El oficio lo recibe el jefe de alguaciles Ever Beltrán, el cual paraliza el proceso de asignación del alguacil que le corresponde a Junín, argumentando que en los casos de protesta la orden de la presidenta del Circuito Judicial Penal del Táchira y Juez Rectora del Táchira Ladi Yorley Pérez, es que no se diligencien con prontitud, y así han transcurrido 5 días sin ningún tipo de respuesta concreta.

De acuerdo a lo narrado por Duarte el funcionario comienza a dar excusas para colmar la paciencia de las personas, argumentando que para hacer las visitas a los fiadores no tiene vehículo, que deben darle dinero para copias, que deben pagarle la comida, en fin, muchos pretextos, pero como la mayoría son familias humildes y no pueden cumplir con lo que les pide entonces los casos son engavetados.

Al parecer, -dijo Duarte- si la familia no llega con dinero el caso permanecerá sin ver la luz como muchos otros en el país, y los muchachos quedarán secuestrados por la justicia, ya que el proceso se alarga. Ahora les están pidiendo 80 mil pesos colombianos a los familiares para agilizar el procedimiento, lo cual es el descaro de la corrupción que existe en los tribunales.

Los familiares y los abogados se ha dirigido entonces a la a la juez del caso y ésta responde que la presidenta Ladi Yorley Pérez no le responde a sus llamados, dejando a todos en un limbo y el trámite paralizado, lo que impide que los jóvenes recuperen su libertad.  “Al parecer no se decide nada en tribunales del Táchira sin que previamente la presidenta oriente como deben decidir”.

Esto ocurre con los muchachos de Rubio, pero tenemos conocimiento que es igual con el resto de detenidos por las protestas, por cuanto lo que se busca con esta demora es simplemente que los familiares se desesperen ante la situación dramática en la que se encuentran detenidos sus hijos y cedan al chantaje que les indican.

—Nos llama poderosamente la atención que esto suceda y no haya habido ningún tipo de actuación o sanción contra el jefe de alguaciles, por lo que pareciera que en medio de esa anarquía entonces Ladi Yorley Pérez también recibe su parte de lo que extorsionan a diario con los familiares de los detenidos, porque si no es así entonces la conmino a que destituya a este funcionario por incompetente y corrupto, porque debe ser muy preparada al ostentar dos cargos, el de presidenta del Circuito Judicial Penal del Táchira y Juez Rectora del Táchira, como si en el PSUV del Táchira no hubiesen más abogados preparados para que ocupe alguno de esos puestos, así que es el momento de demostrar que está allí por lo que sabe y no por amparar irregularidades.

En este sentido manifestó el parlamentario que elevará desde la Asamblea Nacional esta denuncia ante el Ministerio Público, ya que son muchas las quejas que se ha recibido sobre el mismo procedimiento por parte del funcionario Ever Beltrán en los 97 días de protestas que se han registrado en el Táchira, “y son cosas que se deben denunciar porque ya está bueno de tanto abuso en todos los sectores, pero a nivel de los organismos que imparten justicia es peor, por lo que haremos todo lo esté a nuestro alcance para que los culpables paguen por sus crímenes, en este caso extorsionando a personas humildes que deben endeudarse y hasta hipotecar lo poco que puedan tener para saciar el personalismo de funcionarios corruptos, a pesar que ya existe una medida y han cumplido con las exigencias de ley”.

 

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