Defensa del informático Ola Bini exige a Ecuador detalles precisos del delito que le imputan | 800Noticias
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EFE

La defensa del informático sueco Ola Bini, detenido en Ecuador por presuntos vínculos con una red de espionaje relacionada con WikiLeaks, ha exigido a la Fiscalía que precise las acusaciones contra su defendido, como por ejemplo, a qué sistema informático ecuatoriano entró ilegalmente.

“Hasta el momento no se ha especificado qué sistema informático de Ecuador fue vulnerado, y por qué se presume que Ola Bini tuvo alguna responsabilidad en este hecho”, señala un comunicado difundido a los medios por el grupo de prensa de los abogados del informático en Quito.

Entre otros datos, exigen que se certifique a través de las autoridades de la Fiscalía, si el Ministerio del Interior o la ministra María Paula Romo, han presentado alguna denuncia que tenga relación con su caso el 11 o 12 de abril.

La defensa también ha solicitado que -de existir tal denuncia- la ministra del Interior María Paula Romo entregue una copia certicada.

La detención del informático se produjo el mismo día en que Ecuador retiró el asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el pasado 11 de abril, y desde entonces esta bajo prisión preventiva en una cárcel de Quito.

El Gobierno de Ecuador ha argumentado que ambos podrían formar parte de una misma red de espionaje en el país, junto a dos hackers rusos, aunque Romo destacó en una entrevista con Efe el jueves que esa relación debe probarse en la investigación del caso que realiza la Fiscalía.

“Hay elementos suficientes para investigar”, ahora, es el proceso judicial “el que tiene que decir si hay elementos suficientes para una sentencia”, afirmó la responsable al precisar que “no le corresponde” al Ejecutivo “la última palabra”.

El juez de la Unidad de Garantías Penales, Rodolfo Navarrete, dictó el pasado 13 de abril el inicio de la instrucción fiscal por noventa días en contra de Bini, por el cual el fiscal Fabián Chavez ordenó prisión preventiva y la retención de sus cuentas bancarias.

La defensa refiere en el escrito que la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca la obligación que tienen los operadores de justicia de detallar los cargos que se imputan a un procesado.

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