COMUNICADO | Alba repudia asesinato de viceministro boliviano | 800Noticias
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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP) rechazó el asesinato del Viceministro de Régimen Interior del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodolfo Illanes, quien falleció tras ser brutalmente golpeado por grupos de mineros cooperativistas en Panduro, a 186 kilómetros de La Paz, el pasado jueves.

A través de un comunicado, la organización indicó que el crimen contra Illanes no se corresponde “con el espíritu pacifista y democrático del pueblo boliviano”, que cuenta con un gobierno de carácter progresista, guiado por Evo Morales.

Ante el talante del Ejecutivo del país suramericano, llama la atención el uso de “vías violentas para imponer un estado de desestabilización y zozobra que contradice y deslegitima las posibles demandas de los mineros en conflicto”, quienes rechazan una nueva ley que permite la creación de sindicatos en las cooperativas mineras.

A continuación, el comunicado íntegro.

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA-TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS (ALBA-TCP)

COMUNICADO

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), rechazan profundamente el asesinato del Viceministro de Régimen Interior del Estado Plurinacional de Bolivia Rodolfo Illanes, quien había sido retenido contra su voluntad por grupos de mineros en protesta en la región de Panduro.

Los países miembros del ALBA-TCP, condenan el brutal asesinato de este funcionario cuyo único propósito, en cumplimiento de su deber, era establecer mecanismos de diálogo y comunicación para encontrar vías de solución a las demandas de los mineros. Este acto no condice con el espíritu pacifista y democrático del pueblo boliviano.

Llama la atención que siendo el gobierno del Presidente Evo Morales un gobierno alineado con las causas populares y el bienestar de la gente, se utilicen vías violentas para imponer un estado de desestabilización y zozobra que contradice y deslegitima las posibles demandas de los mineros en conflicto.

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