«6.000 millones de dólares costó a Colombia el contrabando en 2013»
El contrabando costó a Colombia 6.000 millones de dólares en 2013, dijo el lunes el presidente Juan Manuel Santos, quien celebró a su vez la aprobación de una ley la semana pasada que contempla hasta 16 años de cárcel para quienes cometan este delito.
En 2013, «el contrabando le costó al país 6.000 millones de dólares, esto para los economistas es el 2 por ciento del PIB», dijo el mandatario en un mensaje desde la presidencial Casa de Nariño.
«A qué equivale eso, a poder construir 4.500 colegios», agregó el jefe de Estado colombiano, quien lamentó el hecho de dejar de «recibir por evasión de impuestos recursos para programas e inversiones sociales».
Por eso, Santos celebró la aprobación la semana pasada en el Congreso de una ley para combatir el contrabando que contempla penas de hasta 16 años de prisión «para los mayores contrabandistas, incluyendo duras sanciones a funcionarios del Estado que participen en estas conductas».
Según esa normativa, las personas que ingresen mercancías al país sin pagar impuestos, tendrán que enfrentar cargos por lavado de activos.
«El contrabando es una conducta constitutiva de lavado de activos, o sea se equipara el contrabando al lavado de activos», explicó el presidente.
Además de eso, quienes vendan la mercancía o la transporten podrán ser juzgados.
Tras su aprobación por el legislativo colombiano, la norma desató protestas en grandes ciudades como Bogotá, Medellín (noroeste) y Cali (oeste), en puertos como Barranquilla (norte) y Buenaventura (oeste), y en Cúcuta (noreste), fronteriza con Venezuela.
Justamente, el gobierno de Nicolás Maduro achaca la escasez que vive su país al contrabando de alimentos subsidiados y de combustibles hacia Colombia.
Ese flujo de mercancías desde Venezuela está incentivado por los controles de precios y de cambio vigentes desde 2003, que han creado una brecha a veces de 10 a 1 entre los valores oficiales y los del mercado negro o los de países vecinos.
Los elementos de contrabando «son productos sin garantía, sin controles sanitarios, que afectan nuestra economía, que destruyen el empleo colombiano y, además, financian la violencia», insistió Santos.
